Os estádios não apenas como pão e circo… (Ricardo S.)

. Imagem: Reprodução/teleSUR TV (em manifestação de rua, não no Malvinas Argentinas)

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Una Copa por los derechos

El encuentro entre Chile y Uruguay, disputado en la provincia de Mendoza, fue escenario para que jóvenes hinchas trasandinos reclamaran al gobierno de Piñera por la restitución de los derechos a la educación pública gratuita. Los locales acompañaron la demanda.

por Daniel Gonzalez Almandoz

La ola de protestas y reclamos por la reforma del sistema educativo en Chile trascendió las fronteras de ese país para hacerse presente en escenarios deportivos. Fue en el marco de la presentación de su seleccionado en los encuentros disputados por la Copa América 2011, que se realiza durante el mes de julio en Argentina.

El viernes 8, en la subsede de la Copa dispuesta en la provincia de Mendoza, durante el cotejo entre Chile y Uruguay, numerosos hinchas del combinado que dirige Claudio Borghi desplegaron varias banderas con inscripciones alusivas a los reclamos sociales.

De acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias Télam, “al momento de entonar el himno, en la previa del arranque del cotejo, los hinchas chilenos, situados tanto en la cabecera Norte como en la Sur del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, enarbolaron (casi simultáneamente) banderas en la que evidenciaron su cuestionamiento hacia la política educativa del presidente Sebastián Piñera”.

“‘Chile merece una educación pública para todos’, ‘El cobre puede subsidiar la educación pública’ y ‘Educación pública ya para todo Chile’ fueron algunos de las banderas que los simpatizantes de la ‘Roja’ mostraron como estandartes, mientras se cantaban las canciones patrias”.

Estas acciones, que poseen la clara intención de concientizar y difundir un legítimo reclamo que tiene en el Estado chileno a un histórico moroso, se llevaron adelante en sintonía con las medidas que estudiantes chilenos realizan en su país.

Siguiendo al diario digital “elonce”, mientras esto ocurría en Mendoza, “en Santiago de Chile, una veintena de estudiantes de secundaria ocupaban de manera pacífica la sede de Unicef, para exigir la atención internacional a sus demandas de una educación pública de calidad en Chile”.

El conflicto

La privatización de la educación chilena es una marca de ese país y que trascendió su característica dictatorial de raigambre pinochetista (1973-1990). Fue mantenida con la recuperación de la democracia, tanto en el extenso predominio de la Concertación, como en la actual conducción del derechista Sebastián Piñera.

En el informe “La privatización de la educación en Chile”, realizado por la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, se muestra cómo a partir del golpe de Estado de 1973 y las políticas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 del siglo XX, “la educación se transformó en un producto más de esos mercados, a cargo de proveedores que deberían satisfacer las demandas sociales por intermedio de sus colegios”.

El mismo informe destaca el modo en que estas políticas se aplican en un escenario de globalización, desde cuya racionalidad “desaparece la idea de un sistema de bienestar público para las masas”.

La decisión de que el Estado chileno no asuma el cumplimiento de tareas básicas que se vinculan al ejercicio de derechos por parte de los sujetos, fue posible en ese país por algunos factores particulares. Entre éstos se destaca el hecho de que se trata de uno de los países en donde la experiencia neoliberal caló más hondo a nivel cultural. También la existencia de un contexto regional que, más allá de las resistencias de diversos movimientos sociales, a nivel estatal respondía en términos más o menos homogéneos a las lógicas emanadas desde el Consenso de Washington.

Así, los reclamos que existieron al interior de Chile fueron solo experiencias aisladas.

A diferencia de esas etapas históricas, el cambio regional caracterizado por la emergencia de Estados decididos a la ruptura con el modelo neoliberal, han promovido la revitalización de instancias de reclamos sociales, y la asunción de modalidades de reconocimiento y auto reconocimiento de derechos. Y Chile no es ajeno a ese proceso.

En 2011, esta situación parece sistematizarse, y desde mediados de abril los reclamos en pos de un sistema de educación que permita un acceso más igualitario forma parte central de la agenda pública.

Aquellas movilizaciones, según publicó el sitio “enlatino.com”, “unos 7.000 estudiantes convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se concentraron en el centro de Santiago para exigir mejoras en la educación superior e universitaria y un mayor acceso a su financiamiento”.

En declaraciones formuladas por la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejos, “las demandas de Confech se centran en potenciar la educación pública, ampliar el acceso a la educación universitaria a jóvenes con menos ingresos, y facilitar un mayor financiamiento a través de becas y créditos”.

A más de 2 meses de iniciado el conflicto, el mismo tiende a profundizarse debido a las escuetas e ineficaces respuestas ensayadas desde la gestión Piñera, que lejos de adecuarse al cambio de época regional parece reincidir en las viejas recetas.

Como difundió la revista electrónica “Punto Clik”, lo propuesto hasta ahora como respuesta a las demandas “no es más que la continuidad del modelo ya existente que, aún más ideologizada, profundiza un sistema que favorece la exclusión y la segregación social, el endeudamiento de las familias y la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional. Esto, debido a que el programa anunciado permite de forma directa una posibilidad a la legalización del lucro en la educación”.

Ante las escuetas respuesta por parte del gobierno de Piñera, “la Confech convocó a un nuevo paro nacional para el 14 de julio y acordó rechazar como interlocutor al ministro de Educación, Joaquín Lavín, para hablar directamente con Piñera”.

Cuando se cumplimentó la medida convocada por los estudiantes, la administración de Piñera dio una muestra más de su posicionamiento ideológico. Según lo relatado por el diario mexicano “El Universal”, “fuerzas antidisturbios de la policía militarizada de Chile reprimieron una marcha masiva de estudiantes de secundaria y universitarios frente al presidencial Palacio de La Moneda”.

“La fuerza pública utilizó carros lanza-agua y gases lacrimógenos para disolver la columna cuando ésta intentó acercarse a la sede del Poder Ejecutivo para exigir con gritos y pancartas medidas que garanticen una educación de calidad y sin fines de lucro”, siguió la crónica del medio. Además, señaló que “las marchas y enfrentamientos se replicaron en otras ciudades, como Valparaíso, Osorno, Puerto Montt, Concepción, La Serena y Antofagasta”.

El conflicto excede a lo estrictamente educativo. Supone interpelaciones de fondo al modelo gubernamental y social de Chile, que se debate entre vivir en un modelo ilusorio, o apuntar a un cambio de rumbo que beneficie a amplios sectores de ese país.

En la publicación del sitio “enlatino” ya consignada se postula que, como consecuencia de ser parte del mito integracionista neoliberal, “Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en que las familias pagan en mayor proporción para que sus hijos estudien: el 79,2 por ciento del costo de los estudios universitarios es asumido por las familias, mientras que en Estados Unidos es el 34 por ciento y en España el 17”.

Lo profundo del reclamo se puede observar en el sitio “contrainjerencia.com”. Allí se sostiene que “federaciones de estudiantes secundarios de Chile reclamaron una nueva Constitución en el país que garantice el derecho a una educación estatal y gratuita en todos los niveles de enseñanza”.

{ Agencia Periodística de América del Sur – APAS }

Publicado em 20.07.2011