Venezuela en tiempos de usura

El desabastecimiento busca precisamente desarticular lo que el proceso chavista ha sabido fomentar: los lazos solidarios y la importancia de lo colectivo

por Nehuen Allegretti

•

Apuntes sobre tiempos de usura

Venezuela hoy se enfrenta a un escenario de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros insumos. ¿Se trata de la “guerra económica” a la que constantemente alude Maduro? ¿Es fruto de los errores del gobierno y de su ineficacia? ¿Es posible pensar en enfrentamientos sin tanques ni ejércitos, librados en torno a los anaqueles?

– “Chica, ¿qué es lo que están vendiendo en el Central Madeirense?”

– “Harina de trigo y arroz, pero eso está full”.

La cotidianeidad del pueblo venezolano se ha alterado profundamente a medida que la escasez de productos básicos ha ido en aumento. El día a día se ha vuelto, para muchos, un peregrinar de supermercado en supermercado en busca de lo que pongan a la venta.

Comida, sobre todo; pero también pasta dental, papel higiénico, jabón en polvo. Las conversaciones cotidianas giran en torno a la pasta, el aceite o la mantequilla. Por las calles se habla de la “dieta de Maduro”; aunque también hay quienes plantean que se trata de la “dieta de Lorenzo” (Mendoza, dueño de Empresas Polar). Desde el gobierno se habla de que enfrentan una “guerra económica” orquestada por las grandes empresas monopólicas, el imperialismo norteamericano y sus personeros locales, una aclaración necesaria pero por momentos divorciada de las preocupaciones de los “pata en el suelo”. Ante tanta información interesada y tanta manipulación mediática, se vuelve necesario preguntarse si hay tal “guerra”, ¿en qué consiste? ¿Cómo opera la burguesía?, ¿qué respuestas propone el gobierno? ¿La apelación constante a la “guerra económica” impide visibilizar los errores propios y la necesaria autocrítica en un momento en el que no se puede fallar? Estos son algunos apuntes que pretenden aportar a pensar el complejo escenario venezolano.

. . .

“Las personas que padecen hambre harán cualquier cosa por comer, lo que significa que aquellos que tienen el control sobre los alimentos puedan utilizar esto como palanca”, decía el ex-secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, en 1974. Kissinger lo entendía claramente: fue el coordinador de la aplicación del Plan Cóndor en el Cono Sur, cuyo primer ensayo fue el golpe de Pinochet en Chile precedido por un proceso de desestabilización y de desabastecimiento de alimentos.

Preguntarse sobre quién tiene el control de los alimentos es fundamental para intentar entender lo que pasa en Venezuela.

Según la economista y docente de la Universidad Simón Bolívar, Pasqualina Curcio, unas 20 empresas controlan la mayor parte de la oferta de productos básicos alimenticios y farmacéuticos. Empresas Polar, por ejemplo, controla el 62% de la capacidad productiva de harina de maíz, el producto más consumido y más buscado de Venezuela. Esta concentración en sí misma no alcanza para hablar de una “guerra”, pero contribuye a planificarla. Uno podría pensar que esto permitiría una contraloría estatal más eficaz pero también, ante un boicot, les da un enorme poder de fuego a estos oligopolios.

Uno de los argumentos esgrimidos por las empresas para justificar la merma de su producción o el faltante de sus productos en el mercado es la falta de divisas para poder importar insumos o materias primas. El otro es que la regulación de precios las obligan a vender a valores accesibles al conjunto de la población, lo que reduce sus márgenes de rentabilidad.

En relación a las divisas se desnuda el carácter parasitario que ha cultivado el empresariado local por alrededor de un siglo de monodependencia hidrocarburífera. El rentismo petrolero generó el despoblamiento del campo, el descuido de la producción nacional y alimentó a un empresariado ocioso y especulativo que se acostumbró a que sus negocios se apuntalen a base de petrodólares.

El proceso bolivariano no desterró esta lógica, en parte reconociendo la fragilidad productiva venezolana. Es más, durante los años en que el barril de crudo cotizó alrededor de 100 U$S, destinó una gran cantidad de divisas a la industria privada. Entre 2004 y 2012, se otorgaron 180.568 millones de dólares solamente a 10.374 unidades económicas (un 3% de las 322.845 censadas). Este flujo de recursos de las arcas estatales a las manos privadas tampoco se detuvo los últimos años en los que el desabastecimiento se ha agravado y los ingresos de dólares al Estado se redujeron en casi un 75% (la economía venezolana funcionó durante años con 40 mil millones de dólares anuales y en 2015 lo hizo con poco más de 5 mil millones). Veamos el caso de Empresas Polar: en ocho años (2004-2012), recibió 3.022 millones de U$S; y, entre 2013 y 2015, le otorgaron 2.290 millones (un 43% de las divisas que obtuvo). En un escenario de “guerra económica” y con un Estado desfinanciado, resulta peligroso subsidiar mediante divisas a precios preferenciales a los “enemigos”.

Curcio también realizó una investigación en la que señala que entre 2003 y 2013 el consumo de la población aumentó un 88%, mientras que en ese mismo lapso la producción creció un 75%, las importaciones un 388% y también lo hizo el otorgamiento de divisas a los privados. No hay motivos para semejantes niveles de desabastecimiento, salvo los políticos. Paradójicamente, los picos de escasez coinciden con los incrementos de las importaciones y de la asignación de divisas.

Casualmente, estos picos tuvieron lugar en los momentos preelectorales o en los de mayor tensión política.

En relación a los precios regulados, el empresariado que domina buena parte de las redes de distribución, ha encontrado la forma de eludirlos: colocando sus productos en mercados clandestinos a valores especulativos o contrabandeándolos a Colombia (lo que llevó a que la frontera se cierre por alrededor de un año). Aquí la clave reside en generar redes de distribución informales, en la especulación de los precios y en la influencia que el dólar paralelo tiene en ella.

Cuando hay temor de desabastecimiento y operaciones psicológicas de masas, se produce una gran presión por adquirir esos bienes. La burguesía venezolana comprendió esto y también las lecciones del paro petrolero de 2002, cuando por el boicot fueron a pérdida.

Entendió que podían hacerse de ganancias millonarias explotando esa presión y esos temores.

¿En qué consisten dichas ganancias? En recibir divisas a precio preferencial (10 bsf) y vender sus productos a montos especulativos fijados por los valores del dólar paralelo (un poco más de 1000 bolívares por dólar). Valor que no se corresponde con los datos de la “economía real”, ni con las divisas otorgadas, ni con las reservas internacionales del Estado, ni con una tensión entre una oferta restringida y una demanda creciente. Justamente, la brecha cambiaria aumentó de manera exponencial en los momentos de mayor conflictividad social y en la previa a las elecciones. En un escenario de abrupta caída de los ingresos petroleros, el dólar paralelo tendería a subir, aunque hace varios meses se encuentra relativamente estable en torno a los 1000 bsf.

La dependencia estructural de la economía venezolana respecto a las importaciones y la concentración oligopólica de sectores claves posibilitan que pocas empresas con acceso a dólares y con capacidad de formar precios establezcan para el mercado interno valores atados a la cotización de ese dólar paralelo. A medida que aumenta la brecha cambiaria mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y mayor beneficio para quienes acceden a las divisas preferenciales.

Esas ganancias se garantizan con un despliegue logístico que permite la comercialización de ciertos productos por fuera de los circuitos formales. Los bachaqueros son el último eslabón de la cadena de distribución especulativa y los protagonistas más visibles, pero no son los únicos. Son quienes detentan el control de facto de las colas en connivencia con la Guardia Nacional y quienes organizan la reventa; pero los principales ideólogos son los grandes empresarios nucleados en la Asociación Nacional de Supermercados y Abastos, y en la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, agrupamientos que forman parte de Fedecámaras. Para que esa logística se materialice es indispensable la complicidad de fuerzas de seguridad, funcionarios, inspectores, alcaldes, etc. No se trata del desvío de unos cuantos alimentos, son cientos de toneladas de alimentos que no llegan al pueblo venezolano.

Corrompidos, muchos miran para el costado o ven la posibilidad de hacer sus propios negocios en este escenario de crisis; otros juegan abiertamente al desgaste del gobierno, a la derrota. Son las paradojas del desabastecimiento a la venezolana: no vas a conseguir un aceite en una bodega, pero si tienes con qué puedes comprar un bulto de 20; no conseguirás 4 o 5 cabillas, pero puede que te ofrezcan un camión entero.

¿Qué es lo que escasea en Venezuela? Productos alimenticios no perecederos (lo que permite un almacenamiento sencillo y facilita su acaparamiento), cuya producción está altamente concentrada. Por eso no faltan frutas, verduras, queso y carnes; aunque sus precios suban a valores especulativos. Faltan remedios e insumos médicos, otro de los mercados que se encuentra cartelizado; repuestos y cauchos para carros, autobuses y camiones (lo que afecta al transporte público y encarece el de mercancías); productos de higiene personal y materiales para la construcción.

. . .

¿Cómo responde el gobierno a este escenario? ¿Qué capacidad de maniobra ha podido ensayar? Por un lado se ha volcado a solucionar lo urgente, manteniendo la lógica importadora que se impuso durante los años de regalías petroleras extraordinarias. Llegó harina de trigo para el consumo de los próximos tres meses, azúcar de Nicaragua, arroz, pollo y mayonesa de Trinidad y Tobago. El problema de esta solución a corto plazo es el frente externo. Se prevé que los precios del petróleo (98% de los ingresos nacionales) no subirán exponencialmente en los próximos meses y esto repercute en las necesitadas arcas venezolanas, que no podrán garantizar indefinidamente las importaciones.

Ante la falta de divisas, el gobierno bolivariano maneja dos posibilidades: una es la búsqueda de financiamiento externo, la otra es promoción de las inversiones extranjeras en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

La primera se muestra como un camino inconducente, dando cuenta el cerco financiero que sufre Venezuela por parte de los principales bancos, el Banco Mundial y el FMI. El gobierno hizo la tarea para presentarse como confiable ante los acreedores, pagó 14 mil millones de U$S de deuda en 2015; pero eso no le bastó para poder acceder a un crédito. Es más, las consultoras financieras hablaban de un riesgo país que rozaba los 3 mil puntos (ante unos 317 de la vecina Colombia). Es válido preguntarse cuán factible es seguir pagando deuda en un contexto de escasez de divisas (entraron 247 millones en el primer trimestre del año) y de apremiante necesidad del pueblo venezolano.

En relación al AMO, el gobierno espera recibir inversiones de entre 10 mil y 20 mil millones de U$S para explotar su riqueza metalífera, negocios en lo que el Estado venezolano conservaría mayoría accionaria y poder de decisión. Se trata de imponer mayor presencia estatal en un negocio sumido en la informalidad y copado por mafias. La señal de alerta en este caso es la medioambiental, ante el avance minero a gran escala y conociendo la voracidad de las transnacionales del sector y los antecedentes funestos que han dejado en nuestro continente. Además, algunos sectores denuncian esta iniciativa como una avanzada privatizadora de los recursos naturales. Como un potencial reemplazo de un rentismo por otro.

Por otra parte, en el frente interno, las iniciativas gubernamentales tuvieron como objetivo solucionar el acceso a ciertos productos, sobre todo los alimenticios; y como metodología, buscaron involucrar al pueblo. El año pasado fueron los mercados comunales los que llevaron los alimentos a los barrios. El 3 de abril, Nicolás Maduro lanzó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), inspirados en experiencias de distribución popular autogestionadas previas y luego de que la red pública se muestre sobrepasada y envuelta en corrupción. Hay quienes planteaban que ésa era tarea de los consejos comunales, que no había que dispersar los esfuerzos militantes, ni crear nuevos espacios de micropoder; pero Maduro fue contundente cuando dijo “todo el poder a los CLAP”. Estos pueden convertirse en un puntal para nuevas redes de abastecimiento popular o constituir un paliativo transitorio. Para lo primero, se vuelve necesario trascender la entrega de bolsas, incrementar la contraloría social y fortalecer el aspecto productivo de la organización para avanzar hacia la autosustentabilidad.

Otra iniciativa lanzada fue la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que se apoya en las Fuerzas Armadas para reimpulsar los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial y para monitorear las cadenas de distribución, las empresas y los puertos. Ya se han fiscalizado cientos de empresas y junto a la Superintendencia de Precios Justos se intervinieron los mercados de Carabobo y Barquisimeto, nichos de acaparamiento y especulación. Se anunció que algunos de los alimentos decomisados allí van a ser comercializados a precios solidarios; aunque no parece que haya planes a mediano plazo de cómo gestionar estos puntos neurálgicos de la distribución alimentaria.

Por último, el Ejecutivo anunció un incremento salarial y de la cesta de alimentación de un 50% para paliar la merma de la capacidad adquisitiva de los sectores populares por la especulación.

Desde la derecha liberal plantean que este aumento conllevará inevitables subas de precios; algo que no es necesariamente cierto. Lo que sí se prevé, dado el carácter especulativo del empresariado con capacidad de formar precios, es que no van a estar dispuestos a reducir sus márgenes de ganancias y van a querer aprovechar esta excusa para trasladar no sólo esos costos a los consumidores, por lo que se vuelven necesarias medidas integrales de defensa del salario.

. . .

En medio de esta crisis, en toda Venezuela ha surgido una conciencia popular en torno a la necesidad de avanzar en lo productivo. Desde balcones y patios, hasta terrazas y terrenos ociosos; hoy estos espacios están destinados a la siembra. Los saberes populares, aletargados durante años por el rentismo ocioso-importador, circulan de boca en boca. Los hábitos alimentarios se modifican en relación al rigor de la escasez, la inventiva se apropió de las cocinas. La creatividad se ha vuelto norma. La base chavista realiza su autocrítica: “Chávez nos lo dijo hace tiempo que había que volver al campo, que había que producir aunque sea en los patios de las casas. Y no le paramos bola”. Incluso los opositores se han puesto a plantar. El rebrote productivo es a prueba y error, algo caótico, un poco improvisado; a imagen y semejanza del proceso bolivariano.

El desabastecimiento busca precisamente desarticular lo que el proceso chavista ha sabido fomentar: los lazos solidarios y la importancia de lo colectivo. En la “cultura del resuelve” prevalece lo individual. La lógica de la escasez es desmovilizante. Parte de la base social del chavismo está en las colas. Los sectores que debe interpelar la oposición para construir mayorías también; su preocupación parece seguir siendo la comida, no el movilizarse hasta que algún dirigente de la MUD llegue a Miraflores. El cansancio y el fastidio de esta estrategia de desgaste popular, pegándole al pueblo en el estómago, se hacen sentir. La pregunta que sobrevuela el ambiente es hasta cuándo. ¿Cuánto puede aguantar esta gente? Si el escenario no se ha desmadrado todavía es porque hay una intuición popular que aún apuesta por una salida pacífica de todo esto.

El desabastecimiento es sólo uno de los ataques que le toca afrontar a Venezuela. Este se enmarca en una ofensiva integral de “guerra de cuarta generación”. La profesionalización de las bandas criminales, el ingreso de paramilitares al país, el sicariato y los asesinatos selectivos, la demonización mediática del proceso a nivel internacional, una diplomacia que busca aislar a Venezuela y decretar la “crisis humanitaria”, el boicot financiero y el calentamiento de la calle son los métodos de esta estrategia desestabilizadora.

En este contexto de reflujo de los movimientos populares en el continente y de avance de gobiernos de derecha, los cañones imperialistas apuntan hacia las tierras de Chávez y Bolívar. Algunos sectores dentro del chavismo y varios economistas oficialistas plantean que la única formar de salvar la revolución y “luchar” contra el capitalismo es ceder ante sus exigencias y condiciones. La experiencia histórica y el derrotero de los procesos neodesarrollistas latinoamericanos, señalan que las medias tintas no alcanzan. Que la posibilidad de seguir construyendo este proceso revolucionario depende de no renunciar al legado del Comandante; a la radicalidad del proceso; a su firme voluntad de empoderar a los desposeídos y crear poder popular. Depende de la tenacidad y firmeza de este bravo pueblo, que supo asumirse como protagonista heroico de su historia.

{ La Haine }